domingo, 30 de enero de 2011

Justicia en EE.UU, “pies secos, pies mojados”



Raúl San Miguel

Fotos: Tomadas de la Internet

”Usted tiene que escuchar las preguntas y contestarlas sin ir más allá”, le dijo la Jueza Kathleen Cardone al testigo que se quejó de que el abogado de Posada había estado acosando a su ex esposa y a sus hijos. La Cardone advirtió que, “por ejemplo, es inapropiado que usted cuente del incidente que ocurrió por teléfono y las acusaciones de soborno”.

Así lo ilustra el reporte de Cubadebate y agrega: “No sabemos los detalles de ese incidente, ni tampoco de alguna supuesta oferta de soborno. La jueza Cardone quiere mantener eso así, porque no quiere contaminar este juicio con esos alegatos. El caso se trata exclusivamente sobre los 11 cargos de falsas declaraciones y perjurio contra Luis Posada Carriles. No tiene que ver con los 73 cargos de asesinato que tiene el cubano-venezonalo pendientes por la voladura de un avión de pasajeros el 6 de octubre de 1976. Ni tampoco se juzga aquí el asesinato de Fabio di Celmo en La Habana, el 4 de septiembre de 1997, ni la tortura a Jesús Marrero en junio de 1973 en Venezuela. Tampoco, el caso de Brenda Esquivel en Caracas, quien jura que Posada Carriles le mató a su hijo con una patada cuando ella estaba embrazada”.
“El propósito del contra-interrogatorio del abogado de Posada Carriles es solamente demostrar que Gilberto Abascal ha recibido pagos del FBI, es un mentiroso, un loco y … para colmo, un espía del gobierno cubano”.

Sin embargo, el señor Abascal sostiene que trajo a Posada Carriles desde Isla Mujeres hasta Miami en un barco llamado el Santrina en marzo de 2005, y Posada mantiene que él ingresó en un camioneta con la ayuda de un coyote que lo llevó desde Guatemala hasta Houston, donde abordó un ómnibus Greyhound hasta Miami.
No obstante y, a pesar de las evidencias, el juicio que tiene lugar en El Paso, contra el terrorista confeso Luis Clemente Posada Carriles, es toda una farsa que se puede interpretar con la esencia de las leyes extraterritoriales aplicadas por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. Digamos: pies secos y pies mojados. De esta manera se podría interpretar que al llegar el criminal Posada Carriles al territorio norteamericano lo hizo por mar, en el Santrina, pero luego subió a un ómnibus y “se acogió a la Ley de Ajuste Cubano”.




Por supuesto, estos vericuetos de la ley norteamericana dejan mucho que decir, sobre todo si tenemos en cuenta que la cuestión, en el Caso de los Cinco Héroes prisioneros en cárceles de Estados Unidos, responde a una estrategia de la política de Washington contra Cuba.

Veamos estos ejemplos que son públicos. Se trata de casos de personas que fueron detenidas en Estados Unidos por supuestas evidencias que los vinculaban al espionaje en territorio norteamericano.

Khaled Abdel-Latif Dumeisi, ciudadano jordano residente en Chicago, fue detenido en esa ciudad en enero de 2004, acusado de ser un agente del gobierno iraquí de Sadam Hussein y no haberse registrado como tal ante las autoridades norteamericanas.

La acusación se basó en que Dumeisi suministraba información a los servicios de inteligencia de Bagdad sobre las actividades de los grupos de exilados iraquíes que conspiraban contra el gobierno de su país.

El fiscal del caso, Patrick J. Fitzgerald, aclaró que Dumeisi no estaba acusado de espionaje a pesar de suministrar información a un gobierno hostil.
En abril de 2004, en medio de la guerra desatada por EE.UU. en Iraq, Dumeisi fue sentenciado por los cargos de conspiración y agente extranjero no registrado a 3 años y 10 meses en prisión.

A René González, uno de los 5, por los mismos cargos lo sentenciaron a 15 años.
Leandro Aragoncillo, ciudadano norteamericano de origen filipino, fue declarado culpable por una Corte Federal de New Jersey en Julio de 2007 de obtener ilegalmente y trasmitir información secreta de defensa nacional de los Estados Unidos.
Alrededor de 800 documentos clasificados fueron trasladados por Aragoncillo, desde su propia oficina en la Casa Blanca donde trabajó como asistente militar para los Vicepresidentes Al Gore y Dick Cheney, antes de pasar a ser analista de inteligencia del Buró Federal de Investigaciones.

Aragoncillo, quien admitió su culpabilidad, fue sentenciado a 10 años en prisión.

Michael Ray Aquino, ciudadano filipino residente en los Estados Unidos, fue arrestado junto a Aragoncillo en el mismo caso de espionaje y acusado de conspirar para cometer espionaje.
Aquino, quien admitió poseer documentos secretos con información sobre fuentes de inteligencia de Estados Unidos y sobre amenazas de actos terroristas contra personal militar estadounidense en Filipinas, fue sentenciado a 6 años y 4 meses en prisión.

Gregg W. Bergersen, analista del Departamento de Defensa, fue declarado culpable en Julio de 2008 por una Corte Federal de Virginia de conspirar para trasladar información de defensa nacional a personas no autorizadas.
Bergersen, quien admitió ante la Corte haber trasladado información sobre ventas militares de Estados Unidos a Taiwán a cambio de dinero y regalos, fue sentenciado a 4 años y 9 meses en prisión.

Lawrence Anthony Franklyn, Coronel de la reserva de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, fue encausado en mayo de 2005 por una Corte Federal de Virginia por los cargos de trasladar información clasificada y de defensa nacional a un representante de un gobierno extranjero sin autorización.

El Coronel desarrolló su actividad de espionaje mientras trabajaba en el Departamento de Defensa donde llegó a ocupar puestos en la Oficina de Asuntos de Seguridad Internacional y del propio Secretario de Defensa y donde gozaba de la más alta aprobación para tener acceso a información secreta sensible.

Franklyn, quien admitió haber entregado información militar secreta a un diplomático israelí y a dos cabilderos de igual nacionalidad, fue sentenciado a 12 años y 7 meses en prisión más una multa de 10.000 dólares. El Juez, T.S. Ellis III, que le impuso la sentencia utilizando el nivel más bajo de la guía federal de sentencias, alegó que consideraba que Franklyn estuvo motivado por el deseo de ayudar a los Estados Unidos y no de dañarlo.

José Padilla, ciudadano norteamericano que fuera arrestado en Mayo de 2002 y acusado de conspiración para cometer actos terroristas contra Estados Unidos y de conspiración para cometer asesinato, secuestro y mutilación, fue hallado culpable de todos los cargos en Agosto de 2007.

Fue sentenciado por la misma Corte Federal del Distrito Sur de la Florida a 17 años y 4 meses en prisión.

John Lindh Walker, ciudadano norteamericano capturado en Afganistán al inicio de la guerra de Estados Unidos contra ese país, fue condenado por una Corte Federal de Virginia a 20 años de prisión por estar luchando junto al ejército talibán contra las tropas estadounidenses y ser responsable de la muerte de varios soldados y un oficial de la CIA.

Después de imponer dicha sentencia como resultado de una negociación de los cargos, la Corte añadió una cláusula de que Walter cumpliera su condena en una cárcel de California, donde vivía su familia para facilitarle las visitas familiares.
Zacarías Moussaoui, de origen marroquí, nacido en Francia, y residente en el Reino Unido, fue arrestado, encausado y condenado en Estados Unidos por estar implicado directamente en los atentados del 11 de septiembre de 2001 y estar vinculado a Al Qaeda.

Moussaoui cumple su condena en una unidad de super-máxima seguridad de la prisión de Florence, Colorado. Su madre, residente en Francia, solicitó una visa al Gobierno de Estados Unidos para entrar a territorio estadounidense y visitarlo en prisión y éste le concedió una visa sin limitaciones de entradas por razones humanitarias.

James W. Fondren Jr., ciudadano norteamericano, fue hallado culpable de entregar documentos clasificados del Departamento de Defensa a un agente del gobierno chino, incluyendo un informe sobre el poderío militar de China. Fondeen trabajó en el Pentágono y hasta febrero del 2008 fue subdirector de la Oficina de Enlace en Washington del Comando del Pacífico. En enero de 2010 fue condenado a 3 años de prisión.

El caso de Cuba tiene un carácter excepcional y único en la historia del terrorismo internacional. Desde 1959 y hasta nuestros días, Cuba ha sido víctima de una intensa campaña de terrorismo, de sabotajes, de una invasión armada, de una amenaza de guerra nuclear, de sanciones económicas extremadamente severas y de una implacable agresión política, mediática y diplomática.

TERRORISMO INTERNACIONAL Y SABOTAJE ECONÓMICO

Los documentos oficiales estadounidenses hoy desclasificados demuestran que entre octubre de 1960 y abril de 1961 la CIA introdujo en Cuba 75 toneladas de explosivos, durante 30 misiones aéreas clandestinas, y 45 toneladas de armas y explosivos, durante 31 infiltraciones marítimas. La CIA realizó, durante ese corto período de 7 meses, 110 atentados dinamiteros, colocó 200 bombas, descarriló 6 trenes, quemó 150 fábricas y ocasionó 800 incendios de plantaciones.

Entre 1959 y 1997, Estados Unidos realizó 5,780 acciones terroristas contra Cuba –804 de ellas son actos terroristas de gran envergadura, entre ellos 78 bombardeos contra la población que dejaron miles de víctimas.

Los atentados terroristas contra Cuba han costado la vida a 3 478 cubanos y dejado inválidos para siempre a 2,099 personas. Entre 1959 y 2003, hubo 61 secuestros de aviones y barcos. Entre 1961 y 1996, 58 ataques a partir de vehículos marítimos afectaron 67 objetivos económicos así como a la población.

La CIA ha dirigido y apoyado 299 grupos paramilitares conformados por 4,000 individuos. Estos son responsables de 549 asesinatos y han dejado miles de heridos.
En 1971, la agresión biológica provocó el sacrificio y destrucción de medio millón de cerdos. En 1981, la introducción del dengue hemorrágico provocó 344 203 víctimas y 158 fallecimientos, entre estos los de 101 niños. El 6 de julio de 1982, se registraron 11 400 casos en un solo día.

La gran mayoría de estas agresiones fueron preparadas en La Florida por la extrema derecha de origen cubano organizada y financiada por la CIA.

IMPUNIDAD PARA LOS TERRORISTAS

Luis Posada Carriles, considerado por el FBI como «el peor terrorista del hemisferio», goza de una enorme impunidad. Se encuentra actualmente bajo la protección de la administración Bush, aún siendo responsable de numerosos atentados. Venezuela sigue exigiendo su extradición. Posada Carriles es el autor del sangriento atentado cometido en Barbados contra un avión civil, en octubre de 1976, que costó la vida a 73 personas. Orlando Bosch, otro terrorista notorio, es responsable de decenas de atentados. El 23 de junio de 1989, el Departamento de Justicia declaró en un informe que la presencia de Bosch en Estados Unidos era inadmisible. Poco después, luego de haber sido duramente condenado por la justicia por actos de terrorismo, Bosch fue amnistiado por el presidente Bush padre. Actualmente, se pasea tranquilamente por Miami y aparece en diferentes medios de difusión ante los cuales declara que aún sigue preparando atentados contra Cuba.

EL CASO DE LOS CINCO



El 16 y el 17 de junio de 1998, el gobierno cubano invitó a dos importantes responsables del FBI para entregarles numerosos documentos que probaban la peligrosidad de 40 personas profundamente implicadas en el terrorismo y que residen en La Florida. Hasta hoy, y a pesar de las pruebas de que disponen, las autoridades estadounidenses no han hecho nada respecto a ninguna de esas personas.
Tres meses más tarde, el 12 de septiembre de 1998, el FBI arrestó a cinco cubanos: René González Sehweret, Ramón Labañino Salazar, Fernando González Llort, Antonio Guerrero Rodríguez y Gerardo Hernández Nordelo, quienes, arriesgando sus vidas, habían logrado impedir la realización de cerca de 170 atentados contra Cuba al advertir a tiempo al gobierno de La Habana.

UN JUICIO INOCUO

Los Cinco fueron acusados de espionaje. Sin embargo, la acusación no les fue notificada formalmente hasta cuatro días después de su arresto y luego del desencadenamiento de una enorme campaña de prensa que los condenaba de antemano aún cuando el proceso judicial ni siquiera había comenzado.

El 14 de septiembre de 1998, el Gran Jurado de La Florida los acusó de haberse infiltrado en los grupos terroristas. Más tarde, viendo que se trataba de un cargo insostenible desde el punto de vista jurídico, el Jurado cambió de método y acusó a los Cinco de 26 cargos, siendo el más grave el primero (18 usc 371) que se refiere a una conspiración para cometer delitos contra Estados Unidos. En el segundo cargo se habla de espionaje. El tercero acusa a Gerardo Hernández de homicidio voluntario, haciendo referencia a los hechos del 24 de febrero de 1996, cuando un avión en que se encontraban cuatro miembros de la organización terrorista Hermanos al Rescate fue abatido después de haber violado repetidas veces el espacio aéreo cubano. El fiscal no pudo presentar la menor prueba en apoyo de estos tres cargos. Los otros 23 son acusaciones menores referentes al uso de identidades falsas, de no estar registrados como agentes de una potencia extranjera. Estas no fueron rechazadas por la defensa.
Desde el día que fueron arrestados y hasta el 3 de febrero de 2000, o sea durante 17 largos meses, los Cinco fueron mantenidos en celdas de aislamiento, sin contacto con otros detenidos. Fueron confinados en calabozos durante todo ese tiempo sin contacto con el exterior.

Ante la imposibilidad de probar que hubiesen cometido algún acto de espionaje, el tribunal acusó a los Cinco de conspiración con vistas a cometer actos de espionaje.

En un acto de manipulación, sin límites, la propaganda reaccionaria de la llamada gran prensa estadounidense tergiversa en el ciberespacio el encuentro del reconocido actor Dany Glover (a quien colocan el cartel de agente de la CIA) y a Gerardo, uno de los Cinco antiterroristas cubanos prisioneros en cárceles norteamericanas. Precisamente sobre Gerardo se desató una violenta avalancha de los círculos de la mafia cubano-americana, representada en el Congreso de Estados Unidos por los señores Ileana Ros y Lincoln Díaz-Balart, por ejemplo.